«Democracia y Derecho son dos realidades inseparables», recordó Don Felipe. No, no es política. Son principios, son valores y es legalidad
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U Majestad el Rey volvió a ofrecer ayer un excepcional testimonio de dignidad institucional al afirmar que «no es admisible apelar a una supuesta democracia por en cima del Derecho». Aunque Don Felipe no se refirió expresamente al separatismo catalán como destinatario, sus palabras no pueden interpretarse de otra manera después de los testimonios que se están escuchando en el Tribunal Supremo por parte de los líderes del independentismo juzgados por un delito de rebelión, o del huido Carles Puigdemont y de Joaquim Torra. Los golpistas están argumentando sin excepción que la voluntad de los ciudadanos catalanes está por encima de cualquier criterio de legalidad; que la ley en España es arbitraria; o que el derecho de autodeterminación está implícito en el deseo político de cada persona, independientemente de que no esté regulado en el ordenamiento jurídico, y por eso no es delictivo ponerlo en práctica. Más aún, los acusados interrogados ayer dieron un paso más en este sentido al negar legitimidad al Tribunal Constitucional porque, a su juicio, está instrumentalizado por el Estado. Por todos estos infundios, cobran aún más valor las palabras pronunciadas por Don Felipe durante la clausura del XXVI Congreso Mundial de Derecho, donde recibió el premio Mundial de la Paz y la Libertad. «Sin democracia -sostuvo el Rey-, el De
recho no sería legítimo; pero sin Derecho, la democracia no sería ni real ni efectiva. Por eso, no tiene sentido, no es admisible, apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho». Naturalmente, en una democracia sólida no puede existir la convivencia sin el respeto a las leyes, porque lo contrario solo provoca «inseguridad, arbitrariedad y quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad». Puro sentido común.
A estas alturas resulta ocioso repetir que el separatismo ha quebrado la sana convivencia y ha causado una profunda grieta emocional entre los catalanes, y también en el resto de españoles. Y resulta asimismo repetitivo argumentar que la Constitución es el marco común para garantizar esa convivencia, de modo que vulnerar la legalidad y desobedecer a nuestros Tribunales para proclamar una supuesta «república» catalana es un desprecio unilateral, autoritario y anacrónico a la ley que vincula a todos los españoles sin excepción. Sin embargo, ABC no se cansará de denunciarlo porque en eso consisten los golpes de Estado: en pisotear la legalidad para imponer el criterio excluyente de una minoría sin el más mínimo respeto por los valores democráticos. Reiterar estos principios no es una cuestión de grandilocuencia dialéctica con palabras altisonantes. Es una exigencia moral contra una realidad, la que impone el golpismo, a la que Don Felipe ha vuelto a dar cumplida réplica en defensa del Estado de Derecho. «Democracia y Derecho son dos realidades inseparables», recordó Don Felipe. No, no es política. Son principios, son valores y es legalidad. Es la esencia de la nación española del siglo XXI.
EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS, PRESIDENTE
El Gobierno de Pedro Sánchez legalmente no está en funciones, pero es un Ejecutivo que se ha convertido a sí mismo en provisional, porque no ha podido aprobar los Presupuestos y no es capaz de dirigir un proyecto político para España. Es un gabinete de tránsito y por esta razón incurrirá en un abuso constitucional si de aquí a las elecciones pretende gobernar a golpe de real decreto-ley Tampoco ha empezado formalmente la campaña electoral, pero Sánchez y su equipo están instalados ya en una constante petición encubierta de voto, motivo suficiente para que, por respeto a las instituciones, se abstengan de tomar decisiones que pueden condicionar gravemente la política del nuevo gobierno o generen conflictos institucionales innecesarios. Contraprogramar la reforma laboral a dos meses de las elecciones con un real decreto-ley que hurte al Parlamento el debate le
gislativo que corresponde a su importancia es jugar con trampa, más aún cuando no existen las razones que ampararon al gobierno de Rajoy en 2012 -con una tasa de paro del 26%-.
La única urgencia que tiene Sánchez es la suya propia de ganarse al electorado. En esta dinámica de obsesión electoral tiene su hueco el absurdo enfrentamiento que el Gobierno está alentando con la Iglesia Católica a cuenta de la exhumación de Franco. Lo que el Ejecutivo anuncia es prácticamente una vía de hecho, que incluye implícitamente el uso de la fuerza, para acceder a un templo de culto católico sin permiso de la autoridad eclesiástica. El mensaje de moderación que ahora propala Sánchez es un engaño para los incautos que son capaces de creer que el todavía presidente del Gobierno renunció a su radicalismo. A un político sin palabra no se le debe dar una segunda oportunidad.