Rull basa la consulta del 1-O en la falta de autoridad moral del TC
El antiguo titular catalán de Territorio dice en el Supremo que se convocó el referéndum con la «convicción» de que no era delito La declaración de independencia la ciñe a un marco político
EFE / MADRID
El exconseller catalán de Territorio Josep Rull defendió ayer ante el Tribunal Supremo que el Govern apostó por el referéndum con la «convicción» de que no era delito, como recordó el Congreso el martes al rechazar volver a penalizarlo, y ante la «falta de autoridad moral» de un TC instrumentalizado por el Gobierno. Casi cuatro horas duró el interrogatorio de Rull, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión, en el juicio del procés, en el que se afanó en justificar que el Govern de Carles Puigdemont se dedicó a cumplir con un «mandato» democrático pero sin ningún plan para desarrollar la declaración de independencia que el Parlament aprobó el 27-O.
La intención, dijo, siempre fue evitar que la independencia de Cataluña «se desplazara del terreno de juego» de lo estrictamente «político y democrático», que en su opinión era «permanentemente ignorado» por el Tribunal Constitucional. Tuvieron que apostar por ello por un «equilibrio» entre el imperio de la ley y el principio democrático, ante el «déficit importante de autoridad moral» del TC, sistemáticamente «instrumentalizado» por el Gobierno, con el fin de laminar la autonomía de Cataluña.
Aun así, defendió que el Govern siempre se movió «desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito» y recordó que justo esta semana el Congreso rechazó castigar con cárcel la organización de referendos ilegales, a iniciativa del Partido Popular. Toda una «casualidad», según ha comentado el exconseller. Y en la línea de lo que han declarado otros acusados, aunque de forma más explícita, ciñió la declaración unilateral de independencia (DUI) al terreno estrictamente «político», pese a insistir en que su aprobación fue un acto «formal, solemne» y con «mucho contenido».
VIOLENCIA. Menos incisivo fue en relación a la violencia en el 1O, de la que ha responsabilizado a los cuerpos de seguridad del Estado, aunque al mismo tiempo ha censurado los escraches a los agentes de simpatizantes independentistas porque es «inaceptable utilizar la fuerza y la presión» en esos términos. Preguntado por el acoso a los agentes alojados en un hotel de Reus (Tarragona), respondió: «Lo que conté es que esas imágenes me parecían muy mal, pero también la de los policías saliendo con sus porras reglamentarias».

/
El rey se posiciona
Felipe VI aseguró ayer que «no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues, sin el respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad». El rey lanzó este mensaje en la clausura del Congreso Mundial del Derecho, que ha reunido en Madrid a unos 2.000 juristas de 77 países. Las palabras del rey coincidieron con las primeras sesiones del juicio contra dirigentes independentistas catalanes, pero en ningún momento hizo mención al asunto.
Captura de la señal institucional del Tribunal Supremo con la declaración ayer del exconseller catalán de Territorio, Josep Rull .
Bassa sí reconoce la autoridad del TC, pero justifica la desobediencia
I La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat Dolors Bassa manifestó ayer en el juicio del procés que admitía y sentía la «autoridad» del Tribunal Constitucional (TC), pero explicando que a su juicio no era delito no atender a sus requerimientos, sino que había un conflicto competencial. Bassa se pronunció en estos términos en el interrogatorio del fiscal Fidel Cadena en la quinta jornada del juicio del procés, en la que también aseguró que, desde la suspensión de la ley del referéndum, dictada el 8 de septiembre, desde el Govern «no se hizo nada más» para impulsarlo.
La exconsellera, que se encuentra en prisión preventiva, reconoció haber recibido seis advertencias del TC en el proceso hacia el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), pero nun
ca interpretó que desobedecer fuera delito. «Era un conflicto intereses; nunca pensé que era un delito», insistió Bassa, quien no obstante ha asegurado que «tampoco» hizo nada para incumplir esas advertencias. «Me las notificaron y ahí se quedaron». Ni ella ni el resto del Govern, pues, desde que les notificaron la suspensión de la ley, «no hicimos ninguna acción», «nada más», ni se gastó «un euro», hasta el punto de que se acató la suspensión de la Sindicatura Electoral.
«Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional», manifestó la exconsellera, horas después de que su excompañero de Gabinete Josep Rull negara a ese tribuna «autoridad moral» para impedir el referéndum por estar politizado. La antigua responsable de Trabajo lo reconoció como principal intérprete de la
Constitución, pero recordó que sobre ese texto hay «más miradas», algunas de las cuales, como la de Francisco Rubio Llorente, creen que existe el encaje para hacer un referéndum.
EN JAQUE. En relación con esta vista, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, afirmó ayer que el juicio del procés pone «en jaque a la democracia» y denunció que la Fiscalía está «inventando cargos para criminalizar ideas políticas». Calvet hizo estas declaraciones a las puertas del Tribunal Supremo ante una nueva jornada del juicio, con la declaración primero de su predecesor en el cargo, el acusado Josep Rull, y luego de la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa. No negó que Rull pueda ser candidato en las elecciones generales.