A 60 días de la entrada en vigor de las obligaciones, el 60% de las pymes no se han adaptado
y dedicarlo a otras cosas", reflexionó.
Control al código QR Una de las grandes novedades del reglamento Verifactu es que las empresas estarán obligadas desde el próximo 1 de enero a incluir un código QR en todas sus facturas, a través del cual los clientes podrán comprobar que se ha cumplido con las obligaciones de registro en la Agencia Tributaria y, por tanto, que se ha retenido correctamente el IVA o el IRPF incluido en las mismas. Algo que para el inspector de la ONIF supondrá un aliciente para adaptarse al suponer "un posicionamiento en la postura del proveedor sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mejorando su imagen de marca".
Sin embargo, en la práctica, los clientes que sean sociedades o profesionales estarán obligados a exigir la inclusión del código QR en las facturas de los bienes o servicios que adquieran. De lo contrario, Hacienda "podría denegarles directamente la deducción de estos importes como gasto" por un incumplimiento que realmente estaría cometiendo la empresa proveedora, explicó Javier Hurtado. "En mi opinión, la factura terminará siendo deducible, pero habrá que recurrirlo en los tribunales. No puedo asegurar que se vaya a admitir de primeras", añadió, anticipando una oleada de reclamaciones ante la negativa de Hacienda a admitir la deducción de los gastos de miles de negocios si sus proveedores no cumplen.
El código QR de las facturas permitirá a los clientes comprobar el cumplimiento fiscal de las empresas.
A pesar de las grandes implicaciones de la entrada en vigor de las obligaciones recogidas en la Ley Antifraude, todavía son muchas las empresas que, bien por desconocimiento o bien por una voluntad de retrasarlas al máximo, todavía no han puesto en marcha ninguna solución adaptada a las nuevas obligaciones. En este sentido, el Barómetro de la Asesoría 2025 recién publicado por Wolters Kluwer señala que el 61,1% de las empresas no tiene entre sus planes enviar voluntaria
mente los registros digitales de facturación a la Agencia Tributaria, utilizando programas de facturación privados, lo que, a ojos de la Inspección de Hacienda, podría suponer un indicio de fraude u ocultación de sus ingresos, a pesar de ser una opción legal.
Otros estudios, como el presentado ayer mismo por Teamsystem, cifra en el 60% el número de pymes y autónomos que todavía no han hecho nada para adaptarse a los nuevos sistemas, si bien en el segundo caso los trabajadores
por cuenta propia podrán retrasarlo seis meses más, hasta el 1 de julio del próximo año. En este contexto, el presidente del Reaf del Consejo General de Economistas (CGE), Agustín Fernández, puso de manifiesto la importancia de adaptarse a la normativa para mejorar en una de las asignaturas pendientes de la economía española: la productividad. "Las empresas pueden aprovechar la situación para transformarse en términos digitales, lo que les ayudará a ahorrar tiempo
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Diego S. Adelantado. Cartagena
Hoy comienza la cuenta atrás para la entrada en vigor, en 60 días, de las nuevas obligaciones fiscales de la Ley Antifraude para las empresas, a través del reglamento del sistema Verifactu que, entre otras cosas, obligará a todas las sociedades y los autónomos -estos últimos, a partir del 1 de julio- que emitan facturas en formatos digitales a compartir cierta información con la Agencia Tributaria en un formato preestablecido e inalterable.
A partir del próximo 1 de enero, estas empresas deberán contar con un programa de facturación adaptado al sistema Verifactu, ya se trate de la solución pública u otras privadas. Sin embargo, el Fisco pondrá el foco de sus comprobaciones en aquellas que elijan la segunda opción. Así lo reconoció ayer Javier Hurtado, inspector adjunto al jefe de área de la Oficina Nacional de Control del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, al afirmar, durante su intervención en el marco de las jornadas anuales del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), que se celebra en Cartagena, que el uso de Verifactu "transmitirá un mensaje de imagen de marca, tanto a los clientes como a la propia AEAT, que va a tener una consideración sobre las empresas que no utilicen la opción Verifactu".
Contra las informaciones que apuntaban, en las últimas semanas, a una nueva prórroga en la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, Hurtado desmintió categóricamente la mayor, y anticipó "un año en el que todo el mundo va a tener que hacer un gran esfuerzo de adaptación al sistema Verifactu". En caso de no hacerlo, las sanciones a las que se enfrentan las empresas podrían ascender a 50.000 euros por ejercicio en el que el Fisco detecte incumplimientos.
La amenaza de multas y más comprobaciones fiscales da una buena muestra de la importancia del nuevo sistema para el Ministerio que dirige María Jesús Montero, ya que, en la práctica, supondrá estrechar el cerco sobre las empresas que hasta ahora eran más laxas en su facturación. Por ejemplo, en lo respectivo a la corrección de errores o la anulación de un recibo. Hasta ahora, a menudo "se evitaba la rectificación deshaciendo la operación y volviendo a hacerla con los datos definitivos", reconoció Hurtado. Sin embargo, desde el 1 de enero "esto no se podrá hacer, sino que habrá que realizar un segundo registro de anulación, de rectificación o subsanación de determinados errores". O, lo que es lo mismo, habrá que presentar una factura rectificativa sobre la original.
Hacienda vigilará a las empresas que no usen el sistema Verifactu
CONTROL DEL FRAUDE/ Los inspectores reconocen que la Agencia Tributaria podría denegar la deducción de las facturas que no incluyan el código QR obligatorio para las empresas desde el próximo 1 de enero.