Trato especial para la industria siderúrgica
El Ministerio de Industria publicó ayer una interpretación sobre el decreto de hibernación de la economía publicado el domingo por la noche y que suscitó quejas entre un gran número de sectores industriales. El departamento que dirige Reyes Maroto introduce excepciones en actividades consideradas no esenciales, especialmente en "aquellas instalaciones industriales cuya parada prolongada durante varios días provoque daños" y las que se dediquen a "actividades de importación y exportación", sea cual sea su actividad.
La patronal siderúrgica
Unesid pidió esas excepciones a Maroto al considerar que algunas instalaciones no podrían paralizar su actividad: los altos hornos, por ejemplo, necesitan de un largo periodo antes de parar. / D. C.
ma. Para ellos, la ayuda será de 430 euros y tendrá un mes de duración.
Ambas ayudas no tapan todos los agujeros socioeconómicos que va a provocar el coronavirus. De ahí que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, afirmara ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su departamento, el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social están preparando un ingreso mínimo vital. Esa ayuda iría a grupos como trabajadores más precarios, que no están dados de alta en la Seguridad Social -en ese caso hay 200.000 empleadas de hogar-, y otros temporales con contratos de menos de dos meses.
Aunque el Gobierno no publicó la previsión de gasto de las dos ayudas aprobadas ayer, este no debería ser mucho si se compara con el que supondrá la prestación extraordinaria para afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Las cuantías serán bajas en los dos casos -las bases de cotización de las empleadas de hogar son pequeñas- y su duración corta. No obs
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer. / EFE
El Gobierno refuerza las medidas sociales con ayudas a familias y pymes
El Ejecutivo lanza un plan de apoyo a los más perjudicados, entre ellos los autónomos
MANUEL V. GÓMEZ / ANTONIO MAQUEDA, Madrid
El Gobierno lanzó ayer más medidas para reforzar la protección socioeconómica ante las consecuencias de la crisis sanitaria. Un subsidio para los trabajadores temporales
más precarios, ayuda para empleadas domésticas, una moratoria de cotizaciones sociales y aplazamientos de deudas para autónomos, otra demora en desahucios y microcréditos sin interés para pagar el alquiler. Hay otras
destinadas a "hibernar" la actividad en el confinamiento, según la vicepresidenta Nadia Calviño. En los próximos días, se aprobará un ingreso mínimo para quienes no pueden acceder a ayudas aprobadas hasta ahora.
Ya la Gran Recesión y su larga duración dejaron en evidencia que el seguro de desempleo español y la red de protección social pública eran insuficientes para afrontar las consecuencias de una crisis económica dura y prolongada. El Ejecutivo actual tenía en su programa reforzar esa carencia. Pero apenas ha echado a andar -no hace 100 días desde que Pedro Sánchez fue investido presidente- y le ha atropellado una pandemia mundial sin paran
gón en el último siglo que va a tener graves consecuencias socioeconómicas. Así que se ha tratado de parchear el sistema de protección social para aliviar el impacto de la crisis de la Covid-19 en colectivos que, en muchos casos, todavía no se habían recuperado de la crisis anterior.
Los primeros parches fueron para ayudar a los afectados por despidos (ERTE), unos dos millones de trabajadores. También se dirigió a los autó
temporales
nomos afectados por el parón decretado con el estado de alarma. Ayer abrió el abanico a otros colectivos. Entre ellos están las empleadas de hogar, a las que varios Gobiernos les habían prometido ampliar su protección, o los temporales más precarios, que no llegan a cotizar el tiempo suficiente para acceder a una prestación. Para ellos, el Consejo de Ministros aprobó dos ayudas extraordinarias.
A la primera podrían acceder
las trabajadoras domésticas que ya estén dadas de alta en la Seguridad Social, casi 400.000, si pierdan su empleo o unas horas por riesgo de contagio o por despido. Tendrán derecho a percibir una prestación equivalente al 70% de su base de cotización.
La segunda beneficia a los temporales que no hayan llegado a cotizar 12 meses en los últimos seis años y finalicen un contrato de, al menos, dos meses de duración después del estado de alar

tante, entre todas las medidas de refuerzo de la protección contra el desempleo que se han ido aprobando, fuentes del Gobierno especulaban ayer con que podría suponer un coste adicional de unos 3.000 millones. Y este desembolso habría que sumarlo al seguro de paro ordinario, que también va a crecer mucho. Para hacer frente a este esfuerzo de la tesorería, un borrador del decreto habilitaba al Servicio de Empleo Estatal a utilizar los recursos procedentes de la cuota de formación, más de 2.300 millones en 2019, que es un dinero recaudado solo para ese fin.
Además de las dos nuevas ayudas, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria para autónomos que no pueden beneficiarse de la prestación extraordinaria de cese de actividad y empresas. En principio, la demora se concedería para tres mensualidades -las que se pagan de mayo a juliocuyo pago se podría retrasar medio año. También abre la puerta a aplazar la cuota de abril con un interés del 0,5%. No obstante, el decreto aprobado deja los requisitos de acceso en manos de una orden que desarrollará la Seguridad Social con la supervisión del Ministerio de Economía.
Junto a las medidas dirigidas a amortiguar el impacto laboral, hay otras. La más destacada es la que atañe a la vivienda, con varias iniciativas. Una de ellas es la concesión de microcréditos para los inquilinos en situación de vulnerabilidad (parados o afectados por ERTE con renta familiar por debajo de los 1.613,5 euros o un alquiler que supere el 35% de los ingresos). También se suspenden por seis meses los desahucios de las personas vulnerables sin vivienda alternativa y se prorrogan por medio año los contratos de alquiler que caduquen en los dos meses posteriores a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo. Además, se amplia a tres meses la moratoria en las hipotecas de los más damnificados (asalariados y autónomos).
Otro paquete del decreto permite demoras en las amortizaciones de los créditos al consumo concedidos a afectados por la crisis sanitaria. Y, además, abre la puerta a que los trabajadores afectados por ERTE o autónomos en cese de actividad puedan rescatar el dinero de su plan de pensiones, si lo tuvieran.