Un agricultor trabaja en un viñedo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), el pasado verano. / JAIME VILLANUEVA
El Ejecutivo ultima un decreto que facilite incorporar a parados e inmigrantes al campo
M. MARTÍN / L. DELLE FEMMINE, Madrid
El Gobierno ultima un decreto ley que flexibiliza la contratación en el campo de parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para atajar la falta de mano de obra que sufre el sector por el coronavirus. La iniciativa pretende paliar el déficit de tem
poreros en las campañas de Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Cataluña y evitar un desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. El decreto, a cuyo borrador tuvo acceso EL PAÍS, considera estas medidas "urgentes" y estará en vigor hasta el 30 de junio.
La primera señal de alarma llegó el 13 de marzo, cuando Marruecos cerró sus fronteras y bloqueó la salida de más de 11.000 mujeres de las 17.000 convocadas para la recogida de frutos rojos en Huelva. Temporeros comunitarios, como búlgaros y rumanos, tampoco han podido desplazarse. El sector agrario ocupa a unos 300.000 asalariados temporales, de los que cerca de la mitad son extranjeros, según el Ministerio de Agricultura.
El borrador, planteado desde el ministerio que dirige Luis Planas, haría compatible la prestación por desempleo, incluso si hubiera sido reconocida a raíz de un expediente de regulación tempo
ral de empleo (ERTE), y otras ayudas sociales con la contratación para tareas agrarias. El borrador excluye sin embargo a aquellos trabajadores afectados por ERTE vinculados a la crisis del coronavirus, un punto que ha sido objeto de debate.
La nueva norma incluye también la concesión de autorizaciones de trabajo a varios colectivos de inmigrantes "a cuyo efecto se podrá proceder a su regularización extraordinaria durante el periodo de vigencia del contrato". Se dará prioridad a aquellos extranjeros cuyos contratos concluyan en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio y a los inmi
grantes cuya regularización esté pendiente de concluir los trámites administrativos. La flexibilización también se aplicará a solicitantes de asilo que lleven menos de seis meses en España y por tanto aún no tengan permiso para trabajar, así como jóvenes migrantes extutelados entre 18 y 21 años. En todos los casos, los candidatos deben residir cerca de los lugares donde vayan a trabajar.
El problema de la falta de mano de obra no es exclusivo de España. Hace una semana, Bruselas recomendó que los socios de la UE establecieran procedimientos específicos para garantizar la llegada de temporeros, considerados "trabajadores cruciales".