Destinar 12.000 millones de los ayuntamientos a deudas
Juan Ferrari MADRID.
Antonio Cañete, presidente de la Plataforma contra la Morosidad (PCMC), ha solicitado al Gobierno que libere a las administraciones locales parte del remanente se sus superávits congelado en cuentas corrientes y que parte de ese dinero se emplee en abonar las deudas que ayuntamientos, diputaciones y cabildos tienen principalmente con pymes y autónomos.
El responsable de la plataforma, ligada a la patronal de pequeños empresarios catalanes Pimec, remarca la paradoja de que la administración local tenga un saldo con proveedores a 31 de diciembre, según datos de Hacienda, por valor de 1.750 millones de euros cuando dispone de dinero embalsado. Mucho más si se tiene en cuenta que la mayoría de los proveedores de los entes locales son pequeñas empresas y autónomos que residen en sus
términos municipales. Así, según explica Cañete a este diario, ha solicitado al Gobierno que libere los 12.000 millones que, según el Banco de España, están a disposición de los ayuntamientos que han tenido superávit en los últimos ocho ejercicios desde que se aprobase la Ley de estabilidad Presupuestaria que restringe el uso de los fondos generados por los ayuntamientos.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
que se está trabajando en esa línea, con el fin de que las entidades locales puedan hacer uso del remanente acumulado.
Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) confirman que se ha creado una comisión conjunta con el Gobierno para establecer los cauces para recuperar parte de estos fondos, que cuantifican en algo más de 10.000 millones de euros. Los cerca de 3.900 millones de superá
vit que generaron las Haciendas locales al año pasado más unos 7.000 millones de los remanentes de años anteriores.
Sin embargo, para disgusto de Cañete, estas mismas fuentes explican a este diario que esos fondos no irían prioritariamente a liberar fondos para los proveedores con los que tienen deudas pendientes. De todas formas, aunque ahora las prioridades sociales son altas, tampoco descartan avanzar algunos pagos.